Las bodegas, víctimas colaterales de la 'ley del súper'

La entrada en vigor de la Ley de la Cadena Alimentaria, pensada para regular la relación comercial entre agricultores y supermercados, obligará a los productores de vino a renegociar miles de contratos.

FREIXENET "El impacto es enorme e incuantificable", sobre todo, por las tensiones de tesorería que genera la nueva obligación de pagar a 30 días desde la entrega de la uva. Silvia Carné, responsable de la asesoría jurídica de Freixenet, explica que, además, la nueva norma obliga a las bodegas a hacer un esfuerzo administrativo considerable. Por ejemplo, Freixenet trabaja con cerca de 1.400 agricultores y, con cada uno, tiene que firmar un contrato por escrito que regule la relación con el grupo.

11.02.2015 Sergio Saiz .

Las bodegas españolas observan con preocupación cómo avanzan las hojas del calendario y, a falta de nueve meses para que llegue la vendimia de 2015, la reforma legislativa que reivindica el sector no termina de concretarse.
Si no se aprueba una nueva norma, la entrada en vigor de la Ley de la Cadena Alimentaria les obligará a renegociar miles de contratos con agricultores y, lo que es peor, están obligados a pactar con los bancos líneas de crédito para afrontar la nueva obligación de pagar la uva en 30 días, frente a los plazos flexibles que se manejaban hasta ahora.
Esta normativa, desarrollada por el Ministerio de Agricultura, da respuesta a una vieja reivindicación del sector primario, el eslabón más débil de la cadena alimentaria, cuya falta de capacidad para negociar le obligaba a aceptar unas duras condiciones en los plazos de pago de las grandes superficies a las que venden sus productos.
Sin embargo, las bodegas se sienten víctimas colaterales de esta norma. Por un lado, porque no diferencia entre la uva para consumo fresco y la que se utiliza para vinificación, y obliga a todos los compradores de uva a pagar en 30 días, plazo obligatorio para todos los productos frescos.
Además, no afecta a las cooperativas, que también son productores de vino y, por tanto, no todos los operadores juegan con las mismas reglas.
Es más, la norma ni siquiera cuenta con el respaldo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC): "Nos oponemos a este marco normativo". Durante un reciente encuentro organizado por Ashurst para analizar la nueva regulación, Mateo Silos, subdirector de análisis económico del departamento de Promoción de la Competencia del regulador, apuntó que "el legislador no ha valorado los efectos" que esta norma tiene el mercado.
José Luis Benítez, director general de Grupo de Empresas Vinícolas de Rioja, aseguró que "la ley se pasa de frenada y asume que la bodega oprime al agricultor".
Rafael Baena, socio de derecho de la competencia de Ashurst, explica que, por ejemplo, la nueva norma obliga a concretar los contratos en el momento de la entrega. En la práctica, en el caso de una bodega, eso se traduciría en que, durante el mes que dura la vendimia, tendrían que hacer un contrato y una factura por cada remolque de uva que descargan, añadiendo una carga administrativa y burocrática que dispararía los costes de gestión.
Hasta ahora, muchos de estos acuerdos cib los agricultores incluso se hacían de forma verbal, pero ahora todo tiene que quedar por escrito.
Solapamiento normativo Baena explica que, además, esta norma se entrecruza con otras, como la Ley de Morosidad o la que regula el comercio minorista. Por eso, desde la Federación Española del Vino (FEV) están trabajando para que el Gobierno apruebe una reforma por la vía urgente.
"Se trata de una situación de difícil cumplimiento, por lo que no queda más remedio que contar con una reforma legislativa para entonces", asegura Pau Roca, secretario general de la FEV.
De lo contrario, las bodegas se enfrentan a sanciones de entre 3.000 y 100.000 euros. Además, la norma no permite negociar las condiciones de pago con los agricultores y, de momento, las facturas se tienen que hacer efectivas en los 30 días siguientes a la entrega de la uva.
Para Adela Lario, directora de la asesoría jurídica del Grupo Osborne, existen dificultades en la interpretación de la norma, además de los problemas que supone, para muchas bodegas, adaptar los contratos a cada territorio y denominación de origen en las que están presentes. En su opinión, el hecho de que estén excluidas las cooperativas, que producen el 58% del vino español, "es un trato discriminatorio".
Qué dice la nueva norma - La uva es un producto fresco, por lo que todos los compradores tendrán que pagar a los agricultores en un plazo máximo de 30 días desde su entrega.
- La Ley de la Cadena Alimentaria (LCA) afecta a las bodegas, al igual que a empresas del sector de la distribución, pero deja fuera a las cooperativas, aunque éstas también sean productoras de vino.
- Los contratos con cada agricultor deben quedar concretados por escrito. Además, cada entrega debe ir acompañada de una factura, aunque se hagan varias sucesivas.
- Aunque la Ley de Morosidad ya incluya sanciones en el caso de no respetar los plazos de pago, la LCA también recoge las multas, que varían desde los 3.000 hasta los 100.000 euros.

Orígen información: Expansión